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Organizaciones de la sociedad civil, en colaboración con la diputada Larissa Acosta Escalante, presentaron una iniciativa de reforma para despenalizar el aborto en Yucatán, garantizando el acceso a una interrupción legal del embarazo sin criminalización y con un enfoque integral de derechos y cuidados.
La iniciativa, que responde a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, busca que las personas gestantes cuenten con acceso a información clara y libre de prejuicios antes, durante y después del procedimiento. Además, plantea que el Estado asuma su responsabilidad de garantizar la autonomía sobre el cuerpo, asegurar atención médica digna y fortalecer programas de salud sexual y reproductiva con perspectiva de género.
Durante su intervención en tribuna, la diputada de movimiento ciudadano narró la historia de Evelia, una mujer indígena de Tixpéhual, víctima de violencia sexual, quien, sin acceso a información en su lengua materna ni asistencia legal, fue condenada a 10 años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo.
“Más que criminalizar el aborto, hay que facilitar el acceso desde un enfoque de derechos y cuidados. Esto implica ofrecer información clara, accesible y sin prejuicios. Garantizar atención médica digna en Yucatán y brindar un acompañamiento integral antes, durante y después del procedimiento”, señaló la legisladora.
La propuesta incluye reformas y derogaciones al Código Penal del Estado de Yucatán y a la Ley de Salud del Estado, eliminando barreras legales que penalizan el derecho a decidir y permitiendo que la interrupción del embarazo sea atendida como un tema de salud pública y justicia social.
Actualmente, médicos y enfermeras pueden enfrentar consecuencias legales por atender a sus pacientes con el debido respeto a su autonomía, lo que genera miedo e incertidumbre en los servicios de salud.
Con esta reforma, se garantiza seguridad jurídica para quienes ejercen su labor con ética y profesionalismo, además de que se reconoce el derecho a la objeción de conciencia.
El texto de la iniciativa reafirma que la lucha por la autonomía corporal es una lucha de justicia social y derechos humanos para todas las identidades.
Acosta Escalante enfatizó en que no es suficiente un programa que practique interrupciones del embarazo en el hospital O´Horán y el ISSSTE. La existencia
de un código penal que criminaliza el derecho a decidir, que permite a jueces sin perspectiva de género emitir sentencias como homicidio en razón de parentesco, cuando haya una interrupción del embarazo.
*”La verdadera barrera no está en la ciencia ni en la salud, sino en la falta de información, en el miedo a ser señaladas y en la ausencia de políticas públicas que garanticen un acceso libre de violencia”,* enfatizó Acosta Escalante.
La presentación de esta iniciativa es el resultado de un esfuerzo colectivo, construido con base en el trabajo de activistas, organizaciones y defensoras de derechos humanos, como la investigación de CEJUDI a cargo de la abogada María Paula Balam, que durante años ha recopilado información clave para evidenciar la necesidad de despenalizar la interrupción del embarazo.
CEJUDI congregó a agrupaciones locales y nacionales, donde activistas como Ligia Vera, Celeste Patiño, Nancy Walker, entre otras grandes impulsoras, para la construcción de esta iniciativa. Reconociendo también que el amparo impulsado por la abogada Amelia Ojeda, generó un parteaguas en la historia, abriendo la puerta para acceder a este derecho.
Con esta reforma, se da un paso para garantizar el acceso a la salud y la justicia reproductiva, priorizando los derechos humanos sobre los prejuicios y la criminalización. La lucha por el derecho a decidir es un esfuerzo colectivo, y esta iniciativa es reflejo del trabajo y la resistencia de quienes han alzado la voz para exigir un Yucatán más justo e igualitario.
