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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió nuevos desvíos del candidato de Morena a la gubernatura de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, en su gestión como funcionario federal durante 2020-2023, esta vez por un monto de más de 46 millones de pesos, recursos que se supone deberían ser para la población más pobre de Yucatán, y lo habría hecho a través de una sofisticada red de operación conformada por cuatro empresas.
Según información de medios de comunicación del ámbito nacional, la ASF detectó en esta ocasión la emisión de más de 380 contratos por adjudicación directa, muchos de ellos a cuatro compañías vinculadas a empresarios que financiaron anteriores campañas del candidato de Morena al gobierno de Yucatán.
Las presuntas irregularidades en las contrataciones rebasan los 46 millones de pesos, que el entonces delegado de la Secretaría del Bienestar dio sin ningún tipo de licitación de por medio a esas empresas, cuyos socios además han sido señalados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por realizar operaciones simuladas.
Según la publicación difundida a nivel nacional, se identificó a cuatro empresas, todas constituidas entre julio de 2017 y julio de 2019, cuyos accionistas están vinculados entre sí y algunos de ellos han sido señalados por presuntas operaciones irregulares con gobiernos de otros municipios de Yucatán.
Entre 2020 y 2023 estas cuatro empresas facturaron más de 13.6 millones de pesos a la dependencia que encabezaba Díaz Mena, por la renta de lonas, sillas y mesas utilizados en varios municipios de Yucatán para programas como entrega de pensión para personas con capacidades diferentes, así como folletos y formatos para programas del adulto mayor, según se establece en las propias facturas.
Las razones sociales involucradas en esta red de estos nuevos desvíos son: Comercializadora Razzur, S.A. de C.V., Operadora de Negocios Terán, S.A. de C.V., Proyectos Acabados y Prefabricados CAE, S.A. de C.V., y Operadora del Sureste Valverde, S.A. de C.V.
Todas estas empresas conformaron una sofisticada red para lograr el que sería otro desvío más de recursos durante la gestión de Díaz Mena en la Secretaría del Bienestar, pues hay que recordar que en noviembre del 2023 se dio a conocer el caso de la empresa “Realza S.A. de C.V”, que en tiempo récord obtuvo contratos del programa federal “Sembrando Vida” por más de 738 millones de pesos, también adjudicados de manera directa por el ahora candidato.
Al igual que en este reciente caso dado a conocer por El Universal, Realza ya había sido señalada en 2019 por el SAT por tener vínculos con una empresa listada como “fantasma”, llamada “Edificadora Líder Mexyuc”, y que no tenía mayor vínculo con el Gobierno Federal, salvo por una venta de uniformes, por lo que por si fuera poco, no tenía antecedente alguno como proveedor de ese giro.
Joaquín Díaz Mena aún tiene pendiente denuncia de enriquecimiento ilícito
A todas estas irregularidades se suma la denuncia realizada en días pasados por el candidato a diputado local por el Partido Verde Ecologista de México, Bayardo Ojeda Marrufo, ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Yucatán y ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México, contra el candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.
La denuncia es para que se investigue el crecimiento exorbitante e inexplicable que ha tenido su patrimonio en los últimos años 12 años, pues de tener una casa de interés social en Mérida, valuada en menos de un millón de pesos, hoy Díaz Mena posee casas, terrenos, y ranchos cuyo valor conjunto superan los 46 millones de pesos, y que habrían sido imposibles de adquirir con el salario que tenía como servidor público.
De acuerdo con los documentos revisados sobre la red de estos nuevos desvíos, Comercializadora Razzur sumó contratos por 3.1 millones de pesos; Operadora de Negocios Terán obtuvo 4.2 millones; Proyectos Acabados y Prefabricados CAE,1.7 millones, y Operadora del Sureste Valverde, 2.4 millones.
Los operadores de las mencionadas empresas son Andy Raúl López Sánchez, Lizetty Trinidad Alvarado Vázquez, Héctor Javier Manzanilla Suaste y Genny Ileana Segovia Pinelo, quien además tiene contratos como persona física por un total de 2.2 millones de pesos.
Cabe destacar que el empresario Andy Raúl López Sánchez ha sido vinculado a varias empresas que ofrecen servicios a varios municipios de Yucatán y también se le ha señalado en presuntas operaciones fiscales simuladas, debido a sus antecedentes como propietario de la compañía Servicios Bejar Peninsular, S.A. de C.V., que en 2019 recibió un oficio definitivo de inexistencia de operaciones amparadas emitido por el SAT.
En el caso de Héctor Javier Manzanilla Suaste se tiene conocimiento de que aportó más de 846 mil pesos a la campaña de Joaquín Díaz en 2018, cuando el candidato intentó por primera vez ganar la gubernatura de Yucatán.
Ellos dos, junto con Lizetty Trinidad Alvarado Vázquez, Genny Ileana Segovia y Gabriela Sánchez Echeverría son accionistas, representantes legales o comisarios de las citadas empresas, además de Distribuidora Peninsular Yassari y Corporativo Peninsular Gardi.
